La mediación en conflictos con la Administración pública
Los conflictos entre ciudadanos y empresas con la Administración pública —no solo la tributaria, sino también la local, la autonómica y la estatal en múltiples ámbitos como la contratación pública, las subvenciones, las licencias urbanísticas o las sanciones administrativas— son uno de los territorios donde la mediación está ganando más espacio en los últimos años. El contencioso-administrativo español es uno de los más saturados de Europa: el tiempo medio de resolución de un recurso contencioso en primera instancia supera los dos años en la mayoría de los tribunales, y la complejidad de los procedimientos y los plazos estrictos hacen que el ciudadano o la empresa que litiga contra la Administración necesite inevitablemente asistencia letrada especializada.
Cuándo es posible mediar con la Administración
La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común reconoce la posibilidad de que las Administraciones públicas utilicen medios alternativos de resolución de conflictos para resolver las controversias que surjan en la aplicación del Derecho Administrativo. Sin embargo, la mediación con la Administración tiene límites importantes: no puede utilizarse para dispensar o relajar el cumplimiento de normas imperativas, y la Administración no puede renunciar a potestades públicas de las que no es libre de disponer. Dentro de estos límites, la mediación puede ser especialmente eficaz en los siguientes ámbitos: en los conflictos sobre la interpretación de cláusulas contractuales en contratos administrativos, donde existe un margen real de interpretación; en las disputas sobre el importe de las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración, donde la negociación del importe puede ser más rápida y menos costosa que el proceso judicial; y en los conflictos entre distintas Administraciones públicas —entre un ayuntamiento y una comunidad autónoma, por ejemplo—, donde el interés general exige una solución rápida que los tribunales no siempre pueden proporcionar. LRB Tax y Legal representa a empresas y particulares en conflictos con la Administración pública, incluyendo la gestión de los procedimientos de mediación en el ámbito administrativo y la coordinación con los recursos contencioso-administrativos cuando la mediación no es posible o no prospera.