Qué es el concurso de acreedores y cuándo es obligatorio
El concurso de acreedores es el procedimiento judicial previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2020 (Ley Concursal) para ordenar la situación de insolvencia de una empresa o particular que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Cuando una empresa se encuentra en estado de insolvencia actual —no puede pagar sus deudas con los medios disponibles— el administrador tiene la obligación legal de solicitar el concurso en el plazo de dos meses desde que conoce o debería haber conocido la insolvencia. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a que el concurso sea calificado como culpable, con consecuencias personales muy graves para los administradores: inhabilitación de hasta quince años para administrar personas jurídicas y responsabilidad por el déficit concursal si el patrimonio de la empresa es insuficiente para pagar a los acreedores.
El plan de reestructuración como alternativa al concurso
La reforma de la Ley Concursal introducida por la Ley 16/2022 incorporó al derecho español el plan de reestructuración como instrumento preconcursal que permite a las empresas en dificultades renegociar sus deudas con los acreedores financieros sin necesidad de abrir el procedimiento concursal formal. El plan puede ser homologado judicialmente y, una vez homologado, resulta vinculante para los acreedores disidentes que pertenezcan a las clases de acreedores en las que se haya alcanzado la mayoría necesaria para su aprobación. Este mecanismo —que la Ley denomina arrastre de clases o cross-class cram-down, en terminología anglosajona— permite que una empresa restructure su deuda incluso cuando algunos acreedores individuales se niegan a negociar, siempre que se cumplan los requisitos de mayorías establecidos en la ley.
La mediación tiene un papel clave en los procesos de reestructuración extrajudicial de deuda: permite a la empresa y a sus acreedores negociar los términos del plan en un entorno facilitado, con mayor flexibilidad y menor coste que el proceso judicial. Un mediador especializado en reestructuraciones puede ayudar a identificar los intereses reales de cada acreedor —que con frecuencia no son solo la recuperación íntegra de la deuda sino también la continuidad de la relación comercial, la certeza sobre el calendario de cobros o la posibilidad de capitalizar parte de la deuda en participaciones—, y a diseñar un plan que satisfaga suficientemente esos intereses como para obtener las mayorías necesarias para la homologación. LRB Tax y Legal asesora a empresas en dificultades en la estructuración y negociación de planes de reestructuración de deuda, gestionando las relaciones con los acreedores financieros y coordinando el proceso de homologación judicial. Las consecuencias fiscales del concurso —fiscalidad de las quitas, créditos contra la masa, responsabilidad tributaria en la liquidación— requieren el análisis de un especialista: LRB Tax y Legal coordina también el asesoramiento fiscal del proceso concursal y post-concursal.